En la Casa Blanca, funcionarios discuten sobre la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, invoque la Ley de Insurrección para justificar el uso de efectivos armados contras protestas civiles por las violentas redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El mandatario republicano valora desempolvar la normativa de 1807, tras el despliegue de la Guardia Nacional en ciudades del país norteño.

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Según cinco personas con conocimiento directo de las conversaciones, quienes ofrecieron la información a medios de comunicación, tales pláticas se intensifican tras el despliegue de la Guardia Nacional, este 8 de octubre en Chicago, sumado a ciudades como Los Ángeles y Portland.

Trump apunta contra urbes y estado bajo gobierno demócrata, alegando que busca reducir el crimen, resguardar los bienes federales y proteger a funcionarios de ICE de los manifestantes.

Los críticos al uso de la fuerza por parte de la administración Trump, cuestionan los datos usados por el jefe del Despacho Oval como pretexto para el despliegue militar en las ciudades. Chicago y Portland, por ejemplo, registran una disminución sostenida de la criminalidad en años recientes, lo que cuestiona la necesidad de tropas en las calles.

Un alto funcionario del Gobierno señaló que no se espera una decisión inminente para invocar la ley, aunque su uso representaría una escalada significativa.

Actualmente, la Guardia Nacional opera en funciones de apoyo limitado, pues a los miembros del Ejército en servicio activo se les prohíbe realizar actividades de aplicación de la ley civil, como arrestos, bajo la Ley Posse Comitatus.

El uso de la legislación sobre Insurrección, de la primera década del siglo XIX, autorizaría al presidente a desplegar tropas que puedan ejecutar tales tareas.

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Las órdenes de Trump han enfrentado obstáculos legales.

El domingo, una jueza federal en Oregón bloqueó el envío de miembros de la Guardia Nacional de otros estados a Portland. Al día siguiente, Trump declaró públicamente que invocaría la Ley de Insurrección “si fuera necesario”.

No se han reportado muertes de manifestantes en Chicago ni Portland, aunque agentes migratorios han disparado contra personas acusadas de atacarlos.

Las discusiones en la Casa Blanca sobre invocar la Ley de Insurrección están en agenda extraoficial desde que Trump asumió su segunda presidencia, en enero de 2025. Sin embargo, en las últimas semanas, las conversaciones se han tornado más serias, según las fuentes, que incluyen un funcionario de alto nivel, dos personas que escucharon las pláticas y dos cercanas a la Casa Blanca.

El debate inicial versaba sobre el sentido o no, de invocar la ley. Ahora, la interrogante es cuándo o dónde podría suceder. Los funcionarios han comenzado a redactar documentos para justificar legalmente su invocación. El consenso entre los asesores del presidente es agotar, primero, las otras opciones, según el oficial de alto nivel.

La ley de Insurrección, invocada por última vez en 1992 por George H. W. Bush en Los Ángeles, ha sido utilizada al menos 30 veces en la historia de EE.UU., contra los derechos civiles y políticos de los ciudadanos de ese país.

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